Aunque ya existía un acuerdo que permitía a las autoridades competentes de cada país de la UE consultar las bases de datos nacionales de otros estados miembros de determinada información con fines de investigación policial - en concreto, perfiles de ADN, datos dactiloscópicos y datos de matriculación de vehículos -, con la nueva regulación aprobada el pasado 8 de febrero por el Consejo y el Parlamento Europeo, se pretende “mejorar, racionalizar y facilitar el intercambio de información penal y de datos de matriculación de vehículos entre las autoridades competentes de los Estados miembros, a efectos de la prevención, detección e investigación de infracciones penales, y entre los Estados miembros y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), creada por el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo(3), con total observancia de los derechos fundamentales y las normas de protección de datos”.
Actualmente las labores de cooperación consisten en la posibilidad de hacer consultas a las bases de datos de los países miembros, y una vez obtenido el resultado, se pone en marcha el procedimiento burocrático para solicitar los datos pertinentes por parte de la autoridad interesada a la autoridad nacional cuya base de datos se ha consultado.
Con la aprobación de esta nueva normativa, se pretende optimizar la cooperación entre los estados miembros y este intercambio se realizará de forma automatizada, facilitando así el trámite y acelerando los procedimientos de investigación. Además, se amplía la naturaleza de la información que puede ser intercambiada, pudiendo realizarse intercambios sobre imágenes faciales y registros policiales.
Para ello, se regula la modernización de la infraestructura técnica estableciendo un enrutador central para simplificar los intercambios automatizados de datos biométricos y estableciendo el Sistema Europeo de Índice de Registros Policiales (EPRIS) para permitir el intercambio automatizado de registros policiales.
El acuerdo sigue su tramitación, para lo que se ha dado traslado a la Comisión y a los parlamentos nacionales.