El día 21 de febrero se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que traspone la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, también conocida como Directiva “Whisteblowing”.
La ley otorga protección a aquellos que comuniquen acciones u omisiones que acaezcan en el entorno de las entidades y que puedan ser constitutivas de infracciones penales o administrativas. Con la entrada en vigor de la misma se pretende hacer frente a las posibles represalias que puedan surgir de la aportación de dicha información. Asimismo, se insiste en la preservación de la confidencialidad aceptando incluso el anonimato de los denunciantes.
Las corporaciones de más de cincuenta trabajadores están obligadas a la creación de un Sistema Interno de Información denominado Canal Interno de Información. Este canal deberá implantarse en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la misma – veinte días después de su publicación en el BOE a contar desde el 21 de febrero de 2023. Sin embargo, el plazo se extiende hasta el 1 de diciembre de 2023 para las entidades jurídicas del sector privado con menos de doscientos cuarenta y nueve trabajadores.
Asimismo, se prevé la constitución de la Autoridad Independiente de Protección del Informante que tendrá la capacidad de imponer multas de hasta un millón de euros para aquellas organizaciones que incumplan la normativa.