El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 5 de noviembre de 2026 (asunto C-205/25), ha establecido que las autoridades de protección de datos también pueden tener la condición de responsables del tratamiento y, por tanto, están obligadas a garantizar, en principio, el derecho de acceso reconocido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
El asunto tiene su origen en una reclamación presentada por un ciudadano ante la autoridad de protección de datos de Baviera (Alemania) contra un tercero. El reclamante solicitó acceder a sus datos personales incluidos en el expediente, pero la autoridad denegó su solicitud basándose en el artículo 20.2 de la Ley bávara de protección de datos, que establece que “no existe un derecho de acceso ni de consulta respecto de los expedientes y de los archivos de las autoridades de control”.
Ante esta negativa, el ciudadano recurrió la decisión y el tribunal alemán planteó dos cuestiones prejudiciales al TJUE: (i) si las autoridades de control pueden considerarse responsables del tratamiento respecto de los datos personales de los reclamantes y (ii) si una normativa nacional puede excluir completamente el ejercicio del derecho de acceso frente a ellas.
En relación con la primera cuestión, el TJUE señala que, conforme al artículo 4.7 del RGPD, las autoridades públicas también pueden ser responsables del tratamiento. En este sentido, considera que, al tramitar las reclamaciones presentadas conforme al artículo 77 del RGPD, las autoridades de control tratan datos personales de los reclamantes, que registran, consultan, conservan y utilizan para desempeñar sus funciones. Por ello, también tienen la condición de responsables del tratamiento respecto de esos datos y deben garantizar el derecho de acceso previsto en el artículo 15 del RGPD. No obstante, el Tribunal aclara que este derecho permite acceder a los propios datos personales y a la información sobre su tratamiento, pero no supone un derecho general a consultar todo el expediente administrativo.
Respecto de la segunda cuestión, el TJUE examina si la prohibición establecida en el artículo 20.2 de la Ley bávara de protección de datos es compatible con el artículo 23 del RGPD, que permite limitar el derecho de acceso en determinados supuestos, siempre que las restricciones sean necesarias y proporcionadas. La autoridad alemana justificaba esta prohibición en la protección de los datos de terceros, el buen funcionamiento e independencia de las autoridades y la seguridad pública. Sin embargo, el Tribunal considera que estos motivos no justifican una exclusión general del derecho de acceso. En particular, señala que pueden adoptarse medidas menos restrictivas, como anonimizar los datos de terceros, sin impedir completamente el acceso del reclamante a sus propios datos personales.
De este modo, el TJUE concluye que el artículo 23.1, letras c), h) e i), del RGPD se opone a una normativa nacional que impida de forma general a los reclamantes acceder a sus datos personales tratados por una autoridad de control. La sentencia confirma así que las propias autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento del RGPD también están sujetas a sus obligaciones como responsables del tratamiento y que cualquier limitación del derecho de acceso debe estar debidamente justificada.