Los intentos de estafa contra los solicitantes de derechos de PI por quienes se hacen pasar por las oficinas oficiales de PI no es un hecho reciente, sin embargo, el nuevo informe emitido por la Europol revela un aumento significativo a través de métodos más perfeccionados.
La identificación de las víctimas se hace a través de las páginas oficiales de la EUIPO u oficinas nacionales dada su obligación de hacer público el nombre y dirección de los solicitantes, quedando a la total disposición de los estafadores, quienes les contactan por correo electrónico o correo postal utilizando nombres que simulan organismos oficiales y solicitándoles pagos adicionales mediante certificados falsos. Los estafadores son conocedores de que, en oficinas nacionales, es muy común que los funcionarios manden comunicaciones de forma externa, así, estos se aprovechan de dicha coyuntura para requerir pagos fraudulentos cuya media asciende a los 1.500€.
Junto con la Europol, las oficinas están uniendo esfuerzo para proteger a los titulares, a la vez que les instan a que sean más cautelosos cuando reciban este tipo de requerimientos.