Los avances tecnológicos han dado lugar a nuevas formas tanto de explotar los contenidos como de infringir los derechos que los amparan. Desde el punto de vista de la observancia de los derechos, la progresiva desmaterialización de los contenidos y de las modalidades de difusión ha planteado problemas, incluso a la hora de determinar donde se ha cometido una presunta infracción de los DPI. Entre otras cosas, es clave determinar si el DPI es exigible desde el principio, que ley se aplica al litigio y qué tribunales son competentes para resolverlo. Frente a esto, para las infracciones que se producen en situaciones de la Web 2.0, los tribunales han desarrollado diversos enfoques para localizar la actividad infractora teniendo en cuenta distintos criterios como el del hecho causal, el de accesibilidad y el de focalización. Actualmente se está produciendo una evolución – se trata de la transición de la dimensión ya interactiva de la Web 2.0 a la realidad aún mejor integrada y más inmersiva de la Web 3.0 y se espera que dicha transición sea posible gracias al auge de la realidad aumentada, el blockchain, las criptomonedas, la IA y los tokens no fungibles para activos digitales. En este sentido, la evolución del metaverso será fundamental y gracias a las nuevas tecnologías se espera que el mismo se caracterice por cuatro rasgos principales: la interoperabilidad de las plataformas en red, experiencia de usuario inmersiva y tridimensional, acceso a la red en tiempo real y la unión de los mundos físico y virtual. Actualmente ya se han desarrollado diferentes metaversos divididos en dos categorías principales: centralizados y descentralizados. Frente a esto surgen dudas como si pueden los mismos criterios desarrollados, en relación con otros medios de difusión, encontrar aplicación en el contexto de las infracciones de DPI llevadas a cabo a través y dentro de los metaversos o si tiene la distinción entre metaversos descentralizados y centralizados implicaciones sustanciales en lo que respecta a la localización de las vulneraciones de los DPI. Además, la diversidad de recursos de ejecución actualmente disponibles en las distintas jurisdicciones plantea la cuestión de si ha llegado el momento de emprender una armonización más amplia.