En un mundo cada vez más competitivo y conectado, conviene que las empresas protejan sus bienes inmateriales y la información más valiosa para su modelo de negocio. Para ello, se les ofrece dos vías de protección diferentes: mediante los derechos de propiedad industrial (DPI) o como secreto empresarial.
La protección de la información como secreto empresarial puede venir justificada, bien porque aquella no reúne los requisitos necesarios para poder ser patentada, bien porque el titular considera que la mejor forma de salvaguardar el carácter confidencial es no patentar, ya que proteger un bien inmaterial vía los DPI implicaría su publicidad.
En la sociedad actual, el secreto empresarial desempeña un papel cada vez más importante en el seno de las empresas, pues constituye un relevante factor de crecimiento, en la medida en que incentiva el desarrollo de nuevos modelos empresariales, incrementa los niveles de investigación y estimula la colaboración transfronteriza. De hecho, un uso adecuado de la información secreta podría transformarse en una poderosa arma de mercado frente a los competidores.
La especial naturaleza del secreto empresarial, unida al indudable valor que las empresas le otorgan, explica justificadamente su protección a nivel internacional. En la Unión Europea, la mayoría de los Estados miembros contaban ya con un sistema de protección jurídica del secreto empresarial. Sin embargo, los recursos de que se disponía para luchar contra la adquisición indebida de los secretos empresariales eran insuficientes, debido a que el ámbito de protección de los secretos empresariales variaba entre los distintos Estados miembros.
Ante la falta de remedios, procedimientos y medidas procesales armonizadas para proteger los secretos empresariales, las empresas de los Estados miembros de la Unión se sentían cada vez más desprotegidas y expuestas a prácticas desleales que favorecía la obtención, la utilización y la relevación ilícita de sus secretos empresariales. A ello se sumaba la desprotección del carácter confidencial de la información durante los procedimientos judiciales promovidos en defensa de estos activos de la empresa.
En este contexto, surgió la necesidad de diseñar un sistema común de secretos empresariales, que cristalizó en la adopción de la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y relevación ilícitas .
En España, dicha directiva ha sido objeto de transposición mediante la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE de 21 de febrero de 2019), que entrará en vigor el 13 de marzo de 2019 .
La aprobación de esta nueva Ley constituye un avance más hacia la culminación de un sistema de protección común de los secretos empresariales. Además con esta nueva Ley España demuestra que se alinea con los demás Estados miembros en la creación de un mercado interior libre de fronteras.