La Unión Europea siempre ha estado a la vanguardia de la promoción y regulación de las indicaciones geográficas protegidas (denominaciones de origen e indicaciones geográficas), al considerar que forman parte del patrimonio cultural de Europa y que contribuyen a la sostenibilidad social, medioambiental y económica de la economía rural.
Frente al modelo anglosajón, muy basado en la protección vía marca de certificación, Europa ha tratado de exportar su sistema de protección fuera de la Unión Europea, tratando de captar adeptos a su modelo, concretado en el Arreglo de Lisboa de 1958 y hoy regulado a nivel europeo, entre otros [1] , por el Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
La aplicación de dicho régimen jurídico de las indicaciones geográficas protegidas europeas se ha traducido en una valorización importante de las producciones agrícolas, ganaderas, vinícolas y de bebidas espirituosas, en el conjunto de la Unión Europea, sobre todo en Francia, Italia, Alemania y España.
Así, según datos de la Unión Europea , en 2017 los productos agroalimentarios y las bebidas comercializados bajo indicaciones geográficas protegidas por la UE como indicaciones geográficas representaron un valor en ventas de 74.760 millones de euros en la Unión Europea, el 7 % de las ventas totales en el sector europeo de la alimentación y las bebidas. Además, las indicaciones geográficas representan el 15,5 % del total de las exportaciones agroalimentarias de la UE.
Según el Ministerio de Agricultura español , España cuenta en total con 165 denominaciones de origen y 94 indicaciones geográficas de productos agroalimentarios, con 97 denominaciones de origen y 42 indicaciones geográficas de productos vitícolas y con 19 indicaciones geográficas de bebidas espirituosas.
Más allá del valor económico que genera la creación de dichas denominaciones de origen e indicaciones geográficas, se produce una importantísima consecuencia demográfica y social: el asentamiento de la población rural, la permanencia de las generaciones más jóvenes en el campo, debido al incremento del valor de la producción agraria, al convertirse productos considerados commodities en productos con un alto valor añadido por unidad de producto.
Quizás la Denominación de Origen “La Mancha” sea el mejor ejemplo que lo que supone para una región desfavorecida económicamente ese fenómeno de asentamiento demográfico y de retención de la mano de obra joven, gracias a la creación de una indicación geográfica. Su creación en 1976 ha permitido que miles de familias vivan de la mayor extensión de viñedo del mundo, 300.000 hectáreas, cultivadas en las provincias de Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, con uvas tan distintas (algunas foráneas) como Airén, Parellada, Savignon Blanc, Viognier, Macabeo, Chardonnay o Gewurztraminer. Si no hubiese sido por la vitivinicultura, muchas familias y muchos jóvenes habrían abandonado sus pueblos, ahondando en el abandono de la España vaciada.
Dadas las innegables ventajas económicas y sociales de las indicaciones geográficas agrícolas, desde hace tiempo crecen las peticiones para que estos beneficios sean ampliados a las llamadas indicaciones geográficas semi-industriales o artesanales. En la Unión Europea, dicha extensión ha sido recientemente contemplada en el Plan de acción sobre Propiedad Intelectual e Industrial, por parte de la Comisión Europea, para impulsar la recuperación económica de la UE tras la pandemia por la COVID19, aprobado en noviembre de 2020 . Dicha extensión podría beneficiar, entre otros, a productos tan conocidos como la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo, la espada y el damasquinado toledano, las jarapas de las Alpujarras o las mantas de Ezcaray.
Como consecuencia del Plan de acción, se lanzó una consulta pública a primeros de año, que ha recibido muchas respuestas, entre ellas las de algunos gobiernos regionales, como el manchego, que se han posicionado a favor de la futura regulación a nivel europeo con la que, entre otras ventajas, se otorgaría mayor seguridad jurídica tanto a los productores como al consumidor, reconociendo un valor añadido al producto, así como su valor comercial y cultural, protegiendo a los productores de las falsificaciones y la competencia desleal, como las que sufren las navajas de Albacete.
En principio, no hay ninguna razón por la que el régimen de las denominaciones de origen agrícolas no debiera extenderse a este tipo de productos artesanales, que generan numerosos (aunque decrecientes) puestos de trabajo, que permitirían que se revivieran profesiones que pudieran desaparecer y que creciera el valor unitario de las piezas acogidas a una eventual denominación de origen, frente a la situación actual, a veces de minusvaloración.
En el fondo, con la figura de una indicación geográfica protegida lo que se pretende es certificar una calidad que está íntimamente relacionada con un origen.
Esas indicaciones geográficas protegidas deberían contar con los mismos cuatro elementos que las agrícolas:
- Territorio o zona de producción o elaboración
- Nombre geográfico
- Producto designado por ese nombre
- Calidad o características del producto que procedan del medio geográfico donde se produce, transforme o elabore el producto
Para su creación debería constituirse una asociación de productores que presentara a la Comunidad Autónoma respectiva su solicitud, junto con un Pliego de Condiciones que sería donde se recogerían los requisitos de uso de la denominación por cualquiera que los cumpliera. La Comunidad Autónoma lo elevaría a la Comisión Europea y, de aprobarse, ya estaría creada la indicación geográfica, que, en adelante, requerirá un órgano de gestión, separado de un órgano de control del cumplimiento del pliego de condiciones.
Según el gobierno manchego, la aprobación y regulación de las indicaciones geográficas industriales o artesanales debería contemplar una reducción de las cargas burocráticas de solicitud y que se reduzcan los costes de gestión y tramitación, pero el proceso de creación en dos fases debería mantenerse.
La creación de indicaciones geográficas semi-industriales o artesanales en muchos de los territorios de la España vaciada serían como una vacuna frente a la despoblación, frente a la pérdida de oficios milenarios, una oportunidad para el turismo de interior, así como para miles de jóvenes que no saben bien qué hacer en sus pueblos, sin atreverse -por falta de formación- a emigrar a la ciudad.
La valorización de la artesanía ha cobrado enteros en los últimos años, por esa necesidad de escapar de lo elaborado en serie, de contar con productos únicos y diferenciados, hechos por una persona con nombre y apellidos.
Con la regulación de las indicaciones geográficas artesanales se daría el necesario impulso a estas producciones, sin que ello tuviera algún coste para el Estado o la Comunidad Autónoma, al tiempo que significaría una elevación de las rentas en esa España vaciada, a la que se darían herramientas para su progresiva recuperación de población.
Esta sería una importantísima contribución de la propiedad industrial a la economía y a la sociedad española del siglo XXI, que serviría para reconocer la utilidad de nuestra disciplina en un contexto en el que muchos reniegan de su utilidad y de su acomodo a los nuevos tiempos tan tecnológicos y digitales.
Autor: Jose Antonio Moreno
Los otros reglamentos que regulan las denominaciones de origen por productos son el Reglamento (UE) 1308/2013 (OCM Única), que incorpora la regulación de las DOP/IGP vinícolas, el Reglamento (UE) 2019/787 relativo a las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y el Reglamento (UE) 251/2014 sobre las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados.