El 8 de junio se celebra el Día Mundial Antifalsificaciones. Con esta celebración se persigue elevar el nivel de sensibilización de políticos, jueces, medios de comunicación y ciudadanos en general, acerca de la necesidad de rechazar la compra de falsificaciones por parte de los consumidores.
La edición de este año viene acompañada de una gran noticia: el pasado 26 de mayo, el Consejo de la Unión Europea aprobó que los delitos contra la propiedad industrial e intelectual vuelvan a estar incluidos en la llamada EMPACT -Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas- para el ciclo político 2022-2025. Dicha Plataforma es un instrumento clave en la cooperación policial contra la delincuencia organizada a nivel operativo, priorizando la lucha de los Estados miembros contra las formas graves de delincuencia internacional.
Esta decisión es una gran noticia para los titulares de marcas, diseños y otros derechos de propiedad industrial porque la lucha contra la distribución y venta de falsificaciones será una de las prioridades de la acción policial en los 27 países de la Unión, a cuyo efecto se reforzará la colaboración interinstitucional entre los Estados miembros y ciertas agencias de la Unión Europea, como EUROPOL.
Aunque ya hay mucho camino recorrido por cuerpos policiales que trabajan coordinadamente en el seno de EUROPOL y que llevan a cabo operaciones conjuntas anuales, talen como OPSON (contra productos alimenticios y bebidas falsificadas), PANGEA (contra medicamentos falsos) o este año, con ocasión de la EUROCOPA 2020, el EMPACT permitirá que esa labor de cooperación interpolicial sea estructurada, sistemática y continuada, durante, al menos, los próximos 4 años.
Dicha cooperación se plasmará en el desarrollo y ejecución de unos planes de acción operativos anuales, que incluirán medidas tanto preventivas como represivas, así como acciones operativas y estratégicas.
Es esperable que la incorporación de la lucha contra las falsificaciones en el EMPACT suponga un refuerzo de la dotación presupuestaria para las acciones operativas y para la necesaria formación policial. Ello significará una mejora de los medios de que disponen los agentes policiales y aduaneros para llevar a cabo su labor de “enforcement”, medios que a veces se han mostrado insuficientes, sobre todo en depósitos para el almacenamiento de la mercancía incautada.
Los planes de acción anuales serán evaluados al final de cada ejercicio para comprobar que hay una correspondencia entre los objetivos, los medios puestos a disposición de esta lucha y la consecución de resultados. Esta rendición de cuentas por parte de las fuerzas de “enforcement” sobre los medios y los resultados resultará de la mayor importancia para guiar y reconducir la estrategia en la lucha contra la distribución y venta de falsificaciones.
Tras un período como el actual, en el que la pandemia ha supuesto una importante bajada del consumo en el comercio tradicional y el aumento de las ventas de falsificaciones en el mundo online, es más importante que nunca que los distintos cuerpos policiales y aduaneros de la Unión Europea trabajen de forma coordinada, percibiendo el tráfico de falsificaciones como una amenaza para el conjunto de los Estados miembros (con pérdidas de1.800 millones de euros en ingresos fiscales) y que suponen unas pérdidas para la industria europea de 55.982 millones de euros cada año (según datos de la EUIPO anteriores al COVID 19).
Asimismo, la inclusión de la distribución y venta de falsificaciones en el EMPACT, es una gran noticia a nivel de sensibilización del consumidor. En nuestro país, es bajísimo el grado de concienciación pues estos delitos contra la propiedad industrial se perciben en muchas ocasiones como delitos menores, dado que no hay una alarma social o como delitos “sin víctimas”.
Además, al incluirlos en el EMPACT dentro de la categoría de “fraudes y delitos económicos y financieros”, junto con tipos penales que sí son percibidos como tales por la ciudadanía como más graves (trata de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de drogas y el tráfico de armas de fuego), puede suponer un cambio en la percepción social, sobre todo cuando estos delitos suelen cometerse en concurso con algunos de estos otros delitos muy vinculados a las organizaciones criminales.
Durante muchos años, los titulares de marcas y aquellos que nos dedicamos a la lucha contra las falsificaciones hemos percibido que la respuesta europea ha sido muy tibia y dubitativa, sobre todo si se tiene en cuenta que según un estudio de 2019 de EUIPO y la OCDE, “Tendencias en el comercio de productos falsificados y pirateados”, el 6,8% de las importaciones europeas – por un valor de 121.000 millones de euros- corresponden a productos falsificados y que el comercio de productos falsificados ya representa el 3.3% del comercio mundial – unos 460.000 millones de euros-.
Con esta acertada decisión la Unión Europea se coloca de nuevo en la vanguardia de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual.
Decisiones como ésta y como las que se pueda tomar cuando se apruebe la Digital Services Act son una mala noticia para aquellos que hacen de la venta de productos falsos su gran negocio, que supone, al menos, unas pérdidas de 6.766 millones de euros para la industria española cada año, según datos del Observatorio de la Unión Europea sobre Vulneraciones de Derechos de Propiedad Intelectual, anteriores al COVID 19.
Los países que respetan la propiedad industrial son aquellos países con mejores tasas de desarrollo y de inversión privada extranjera. Por ello, desde BAYLOS aplaudimos la decisión del Consejo de la Unión Europea de incorporar los delitos contra la propiedad industrial e intelectual dentro de las prioridades de la Unión en la lucha contra el crimen organizado.