En esta breve entrada queremos llamar la atención sobre tres desarrollos legislativos que pueden afectar al modelo de negocio de muchas plataformas de comercio electrónico. Con toda seguridad, estas plataformas se van a ver en la obligación de adoptar algunas medidas para adaptarse a la nueva reglamentación.
En primer lugar, el 3 de diciembre 2018, se empieza a aplicar el Reglamento 2018/302 sobre bloqueo geográfico. De manera muy breve, de acuerdo con este Reglamento, un sitio web debe hacerse accesible a los consumidores de cualquier Estado miembro. Estos no pueden ser redireccionados a un sitio web diferente (por ejemplo, al correspondiente al Estado donde residen) salvo que hayan otorgado su consentimiento. Además, las ofertas y promociones en un sitio web deben ser accesible para los consumidores de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones. Todavía se pueden realizar ofertas especiales y ofrecer precios diferentes en una web en particular, pero ésta y las ofertas debe estar disponibles para cualquier consumidor con independencia de su lugar de residencia. Existen importantes excepciones a esta regla que debe ser conocidas. Así, por ejemplo, en relación con la venta de productos, el envió a un Estado miembro diferente puede estar prohibido o puede estar sujeto a precios diferentes.
En segundo lugar, una Recomendación sobre contenidos ilícitos en línea se adoptó en Marzo. Si bien no es de obligado cumplimiento, la recomendación establece ciertos standards que la Comisión Europea entiende que deben cumplir los mecanismos de notificación y retirada habilitados por los prestadores de servicios. Dichos mecanismos deben ser facilmente accesibles y de uso amigable. Además, los proveedores de contenidos debe tener la posibilidad de defenderse mediante la presentación de contranotificaciones.
Por ultimo, una Propuesta de Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea fue publicada en Abril. Si se adopta, este reglamento establecerá ciertas condiciones que deberán cumplir los acuerdos entre las plataformas de comercio electrónico y los vendedores que las utilizan. Aunque todavía está en el inicio del procedimiento legislativo, es preciso prestar atención a su desarrollo.