Sentencia núm. 72/2023 del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, de 21 de septiembre de 2023.
En marzo de 2023 varias empresas desarrolladoras de contenido audiovisual como NETFLIX, DISNEY y WARNER BROS, interpusieron una demanda contra algunas entidades proveedoras de acceso a internet, entre otras, TELEFÓNICA, VODAFONE, y ORANGE.
Mediante la demanda se pedía que i) se declarase que la plataforma POWVIDEO (siendo un cyberlocker) se encontraba, de manera deliberada, infringiendo los derechos de autor de las demandantes al almacenar e intercambiar archivos audiovisuales sin su autorización; ii) las proveedoras de acceso a internet, como empresas intermediarias, impidieran el acceso a POWVIDEO implantando una serie de medidas y cargando con los costes que pudiesen derivar de su implantación.
En este sentido, las medidas que se interesaban eran órdenes de bloqueo dinámicas, consistentes en un sistema de bloqueo actualizable, de forma que, a medida que se detectasen nuevos puntos de acceso a la plataforma, estos se bloqueen y se impida el acceso sin necesidad de una nueva resolución judicial.
Ante la petición de las actoras, las demandadas no discuten la existencia de infracción, ni se oponen a la implantación de las medidas, pero les preocupa la complejidad jurídica y técnica de las mismas, y que puedan resultar excesivas, dando lugar a un “sobrebloqueo” (la plataforma donde se alberga el contenido infractor también se usa para alojar numeroso contenido lícito).
En vista de las alegaciones el juzgado estima la demanda, otorgando el bloqueo solicitado, y concluyendo que:
1) Los titulares de derechos de propiedad intelectual se encuentran legitimados para dirigir su acción directamente contra los proveedores de los servicios de información, sin necesidad de demandar simultáneamente al infractor para conseguir el bloqueo del contenido infractor, en vista de la dificultad que puede tener localizar a los verdaderos infractores.
2) Las medidas de bloqueo de carácter “dinámico” se consideran una solución proporcionada y se encuentran justificadas, pese al riesgo de sobrebloqueo, ya que persiguen disuadir, prevenir o, al menos, reducir la piratería.
3) En relación a quien debe asumir el coste de implantar las medidas de bloqueo, el Juzgado declara que la piratería digital es un lastre social que afecta a todos, a la economía general, y por ende el coste para luchar contra ella debe repartirse.
De esta forma se decide que las demandantes se harán cargo de detectar y monitorizar posibles nuevos puntos de acceso a POWVIDEO; y las demandadas se encargarán de implementar las medidas de bloqueo; haciéndose cada parte responsable de los respectivos costes.