BOSCO es un sistema informático desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica, utilizado por diversas compañías eléctricas para determinar la elegibilidad de los ciudadanos al bono social. El sistema verifica automáticamente los datos de los solicitantes, consultando las bases de datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para realizar las comprobaciones necesarias.
Si bien la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”), a raíz de una reclamación presentada en 2022 por la Fundación Ética Data Society, concluyó en su resolución que el sistema BOSCO podía dar lugar a situaciones de exclusión o discriminación, la controversia también fue objeto de un prolongado debate judicial ante los tribunales españoles.
En particular, en 2018 la Fundación Ciudadana Civio (“Civio”) solicitó al Ministerio el acceso al código fuente del sistema BOSCO, invocando la Ley de Transparencia. El Ministerio denegó dicha solicitud, lo que llevó a Civio a impugnar la decisión ante los tribunales. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso, al considerar que el código fuente estaba protegido por el límite de la propiedad intelectual, que el sistema trataba datos personales, y que su divulgación podía comprometer la seguridad pública. En apelación, la Audiencia Nacional confirmó en su totalidad la sentencia de primera instancia, avalando los argumentos expuestos por el Juzgado. Posteriormente, Civio interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo, aplicando la Ley de Transparencia, el artículo 42 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, y el artículo 105.b) de la Constitución Española, determina que:
- El acceso a la información pública no solo constituye un principio rector de la actuación administrativa, sino que se configura como un derecho subjetivo ejercitable por los ciudadanos frente a la Administración, especialmente en un contexto de administración electrónica y uso de algoritmos.
- El uso de nuevas tecnologías entraña riesgos donde el derecho de acceso adquiere especial relevancia, particularmente en casos como el sistema BOSCO, cuyo fin es el reconocimiento de derechos sociales. En estas situaciones, y para cumplir con las exigencias de transparencia, el acceso al código fuente puede resultar imprescindible para verificar que el algoritmo se ajusta al marco legal.
- La protección de la propiedad intelectual prevista en el artículo 14.1.j) de la Ley de Transparencia solo puede limitar el derecho de acceso cuando, tras ponderar todos los intereses en juego, dicha restricción resulte justificada y proporcional. En este caso, aunque el código fuente esté amparado por derechos de autor y su divulgación comporte riesgos de seguridad, prevalece el interés público en auditar un sistema que determina la concesión de ayudas a consumidores vulnerables.
La sentencia del Tribunal Supremo casa y anula la sentencia de la Audiencia Nacional, y declara el derecho de acceso al código fuente por parte de Civio.