Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado en su página web un criterio jurídico de especial interés basado en la resolución PS-00450-2024 sobre sistemas de autenticación biométrica. Más allá del debate sobre el uso de biometría, la decisión se centra en una cuestión mucho más amplia: cuando un análisis de riesgos resulta insuficiente, debiendo realizarse una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD).
La resolución analiza un sistema diseñado para actualizar el censo de socios de un club de fútbol mediante autenticación biométrica facial a través de una app o página web. Los usuarios se identificaban a través de sus credenciales de acceso, realizándose posteriormente una captura fácil en tiempo real que era comparada con la imagen de su DNI (comparación 1:1). Adicionalmente, se ofrecía la posibilidad a los socios de crear una referencia biométrica con su voz para gestionar futuras compras de entradas de forma telefónica.
Vaya por delante que el club no ignoró la normativa de protección de datos. Antes de iniciar el sistema realizó un análisis de riesgos del tratamiento, evaluaciones de proporcionalidad, consulta sobre la viabilidad del sistema a su delegado de protección de datos y la revisión de la documentación técnica proporcionada por los proveedores. Sobre la base de dichas actuaciones, la entidad concluyó que el tratamiento era necesario, idóneo y proporcional, considerando que el riesgo inherente era bajo y el riesgo residual mínimo, no siendo necesario elaborar una EIPD.
Sin embargo, la AEPD rechaza este planteamiento y enfatiza en un concepto a veces olvidado: el análisis de riesgos y la evaluación de impacto no son instrumentos equivalentes ni intercambiables. Ambos forman parte del principio de responsabilidad proactiva, pero cumplen funciones distintas. El primero sirve para identificar y gestionar riesgos; la segunda constituye una obligación específica que surge cuando es probable que el tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.
Si el responsable del tratamiento considera que no es necesario realizar la EIPD de un tratamiento, debe poder justificar esa decisión de forma sólida, documentada y coherente con las características reales del tratamiento, de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva (art 5.2 del RGPD), no bastando con afirmarlo en las conclusiones de un informe.
Otro de los aspectos más interesantes del criterio es que la AEPD desvincula de forma expresa la obligación de realizar una evaluación de impacto de la discusión sobre si los datos biométricos utilizados debían o no considerarse categorías especiales de datos en el momento de implantarse el sistema. Es decir, tiene en cuenta que antes de las Directrices 5/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos, existía una interpretación distinta respecto a algunos sistemas de autenticación biométrica. Ahora bien, aclara que esta circunstancia (la consideración de categoría especial) no era el único criterio que permitía determinar si un tratamiento entraña un alto riesgo. En el presente caso, la AEPD estimó que concurrían al menos otros 4 criterios que podían determinar que el tratamiento era de alto riesgo: toma de decisiones automatizadas, gran escala, uso de nuevas tecnologías y tratamiento de sujetos vulnerables.
El criterio concluye poniendo de manifiesto que la existencia de análisis previos, informes especializados, medidas de seguridad y la intervención del delegado de protección de datos no excluyen por sí solos la obligación de realizar una evaluación de impacto cuando se antoja necesaria.