El caso de la App de LaLiga tiene largo recorrido y tiene su origen en la sanción de 25.000€ impuesta por la AEPD por la activación del micrófono de los terminales móviles que instalan la app para comprobar a través de los mismos y de la localización, si los bares en los que se emitían los partidos de fútbol estaban pagando la correspondiente cuota para ello. Es decir, la App podía activar el micrófono en cualquier momento de forma remota para comprobar, a través del sonido ambiente del bar, si este emitía los partidos de forma “pirata”.
Esta resolución fue ratificada por una sentencia de la Audiencia Nacional que fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (TS). Pues bien, el Alto Tribunal considera que la cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 5.1.a) del RGPD, que regula los principios relativos a la protección de datos.
Ahora, el TS se pronunciará sobre si LaLiga ha cumplido con el principio de transparencia recogido en el artículo mencionado, y sobre la potestad de las autoridades de control de protección de datos para añadir e imponer requisitos adicionales a los recogidos en la actual normativa aplicable.